CASO PIEDAD,

LA DISPUTA SOBRE UN NIÑO. REFLEXIONES 5

ESTE ARTICULO TITULADO "LA DISPUTA POR UN NIÑO", DE DEBORAH INFANTES, PERTENECE A LA SERIE SOBRE EL INTERES SUPERIOR DEL MENOR QUE ESTAMOS REALIZANDO. ES EL NUMERO 5. MUCHAS GRACIAS Y UN ABRAZO, SOLEDAD PERERA

LA DISPUTA POR UN NIÑO

Algo tiene que cambiar en el sistema de protección de menores para que los derechos de los niños sean plenamente respetados, al tiempo que las ilusiones de algunos adultos no se vean truncadas. Les voy a contar el caso de un niño desprotegido en su familia de origen (la biológica) y tutelado por la administración.
Inicialmente la administración aplica sobre el niño una medida protectora y lo coloca en una familia de acogida. Por algún motivo se desaconseja la relación del niño con su familia biológica y así se cría en el seno de la familia de acogida plenamente integrado y con gran estabilidad en todos sus aspectos vitales (material, afectivo, personal) excepto en el jurídico en el que la estabilidad es nula. Vista la situación, la administración decide declarar “adoptable” al niño y la familia de acogida decide pedir la adopción del niño para estabilizar el aspecto jurídico entendiendo que mantener la estabilidad existente en el resto de los aspectos supone un “interés superior” para el niño.
No coinciden los puntos de vista de la administración y de la familia de acogida, pues la administración quiere dar al niño en adopción a una familia desconocida para él, rompiendo sus vínculos con la familia de acogida. Por este motivo, la familia de acogida decide someter su discrepancia a decisión judicial. La administración es poderosa y decide implicar en el asunto a una pareja adoptante que, posiblemente, por engaño y por conocimiento parcial del tema se presta a intervenir como parte implicada.
Mientras tanto el niño ha pasado a residir en un centro de menores porque la administración tuvo poder para llevarlo allí amenazando a la familia de acogida, y recibe visitas de las dos familias, acogente y adoptante, hasta que se tome una decisión judicial.
Voy a analizar ahora la posición en que se encuentra cada una de las partes. La administración se encuentra en una posición cómoda, poderosa e impersonal. Tiene un objetivo claro, lo que esté sufriendo el niño no le importa y las personas implicadas saben que no les puede pasar nada porque están protegidas detrás de su cargo público. En todo caso, si algún funcionario se permite discrepar recibirá amenazas desde dentro de la propia administración y tendrá que callarse.
La situación de la familia de acogida es muy delicada, como bien se sabe por la cantidad de páginas web y foros de denuncia que han proliferado en Internet contra los abusos administrativos en referencia a protección de menores, la administración le ha caído encima con todo el equipo. Va a intentar, por todos los medios, demostrar que era una familia nefasta para el niño. Eso difícilmente podrá demostrarlo, pero en el intento derrochará cantidad de mentiras y agravios contra esa familia, con intención de que se desmoralice y se retire del pleito. No puede suponerse en este caso, objetividad e imparcialidad de los funcionarios públicos porque ellos son parte implicada en el pleito y defienden su postura, quieren que sus protocolos y procedimientos se cumplan a rajatabla aunque no respeten el “interés del niño”. En este sentido, la familia de acogida está en una dificilísima situación porque se enfrenta a un monstruo imponente, pero a la vez tranquila, porque pase lo que pase, su integridad moral permanecerá salvaguardada. Además, afortunadamente para esa familia ya empiezan a ser numerosas las sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional que consideran el mantenimiento de los lazos afectivos de un niño como algo fundamental.
Las personas adoptantes llevan muchos años esperando el momento de adoptar un niño, sienten un profundo deseo de ser padres y una ilusión desmedida por sentir suyo ese niño que les han ofrecido. La situación de la pareja adoptante es, tristemente, la peor de todas, incómoda y frágil y de moralidad cuestionable. Es, posiblemente, comprensible pues la presión del sistema de protección de menores es grande y las emociones que sienten difícilmente controlables. Sin duda, si los acontecimientos les dejan espacio para reflexionar, deben hacerse muchas preguntas con respuestas inquietantes.
Saben que, actualmente, un niño adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes y cuál fue su pasado antes de ser adoptado. ¿Qué pasará cuando el niño crezca y descubra que sus padres lo separaron del entorno en que era feliz para satisfacer una carencia personal? ¿Qué pensará de sus propios padres? ¿Piensan que lo entenderá? Lo que pueden hacer es engañarle diciéndole que en su familia de acogida había sido maltratado o se lo justificarán en base al cumplimiento de los procedimientos administrativos que otorga preponderancia al deseo de unos adultos frente al derecho de un niño. Puede también que se exculpen diciendo que le adoptaron en base a una decisión judicial. Esta última opción podía haber sido aceptable si no hubiesen formado parte del litigio.
¿Qué pasará si es uno de esos niños adoptados que, en la adolescencia vuelve a un centro de menores? Deben saber también que esto ocurre en un porcentaje no despreciable y que ocurre porque esos adolescentes no consiguieron establecer vínculos de apego seguro con sus padres adoptivos porque éstos se perdieron la primera infancia del niño. Los servicios de protección de menores están llenos de psicólogos que saben todas estas cosas pero se aferran a unos procedimientos rígidos y herméticos despreciando la dignidad de los niños.
Saben que el niño que pretenden adoptar tiene una familia, tenía una vida normalizada (antes de ingresar en el centro) y que esa familia lucha por mantener ese estado previo del niño en que era feliz, ¿se consideran con derecho de robarle esa vida al niño? Desde luego, su situación es muy incómoda. Conocen algo del pasado del niño que no pueden despreciar y que deberían respetar. Saben también que los centros de menores se encuentran llenos de niños que no tienen la privilegiada situación de ese niño, niños que no tienen quien les quiera. Deberían exigir a la administración que les asignase uno de esos niños y no uno que ya tiene una familia que le quiere. De ninguna manera pueden aceptar adoptarlo sin sentir remordimiento. El objetivo de una adopción es ofrecer a un niño una vida de calidad que, desgraciadamente, no le puede ofrecer su familia biológica y nunca ofrecerle una vida alternativa a la que ya tiene establecida de forma satisfactoria aunque sea diferente a la que ellos puedan darle.
Además, habría que conocer la relación que hay entre los padres adoptantes escogidos y la administración, pues lógicamente también ellos pueden ser castigados duramente si no aceptan las pretensiones de la administración. ¿No deberían, quizás, haberse puesto en contra de la administración por haberles implicado en un asunto que les era ajeno y que ahora les está provocando un daño moral irreparable? Pase lo que pase, de esta experiencia difícilmente van a olvidarse en toda su vida.
Por último, falta analizar la situación del niño, para lo cual les remito a tantas y tantas denuncias de vulneración de los derechos de la infancia desprotegida que pueden encontrar en Internet. Hay actualmente unos seis o siete casos similares a lo largo de la geografía española. Les parecerá poco, pero si uno solo de esos niños fuese hijo suyo, entonces, les parecería mucho.
Esta es mi humilde opinión sobre este tema, pero me gustaría mucho conocer opiniones contrarias por plantearme una posible equivocación en mis razonamientos.
Muchas gracias
Deborah