JUVENTUDES SOCIALISTAS PIDE QUE SE INVESTIGUEN LOS CONTRATOS CON LA EMPRESA SUFI SA Y SU POSIBLE RELACIÓN CON LA TRAMA GÜRTEL
· JS exige que se esclarezca el proceso de adjudicación del concurso en el servicio de Limpieza realizada por el alcalde Marcos Brito (CC) en 2006
Los jóvenes del PSOE piden que Fiscalía Anticorrupción desvele si hay indicios de supuesta corrupción
La Comisión Ejecutiva Local de Juventudes Socialistas de Puerto de la Cruz pide al actual alcalde del municipio, Marcos Brito (CC), que gobernó durante el anteri
or mandato con el apoyo de un tránsfuga del Partido Popular, "que esclarezca las adjudicación millonaria que realizó el Consistorio portuense a la empresa Sufi, SA, (implicada a nivel nacional en la trama de corrupción del PP en el caso Gürtel), tras la concesión aprobada al citado mercantil el pasado 29 de diciembre de 2006 por el Pleno de la Corporación, y que contó con el voto en contra del Grupo Municipal Socialista". La adjudicación del servicio fue de diez años y un canon anual de 3.098.201 €.
Esta petición de los jóvenes del PSOE se realiza tras la reciente imputación al presidente de SUFI SA, Rafael Naranjo, "por un delito de cohecho continuado al constar en el sumario numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades, por mediación del cerebro de la trama, Francisco Correa, con la intención de obtener contratos públicos para su mercantil". En este sentido, la formación progresista pide que se aclaren numerosos aspectos en el proceso de adjudicación con SUFI en la localidad norteña "ya que la persona que estaba al frente de la Concejalía de Limpieza, José de Ara, no estuvo presente en la mesa de contratación de la adjudicación, a pesar de haber sido designado por el Pleno, debido a que renunció a estar en ella al no haber participado en el proceso previo de aprobación del expediente".
Además, las Juventudes Socialistas consideran "muy graves" las declaraciones del ex concejal de Limpieza, José de Ara (CC), sobre el proceso de adjudicación. "El edil aseguró en su día que algo se ocultaba detrás de la concesión administrativa del Servicio Municipal de Limpieza y que se hizo sin transparencia, en cuya mesa de contratación además no se permitió la presencia del Grupo Municipal Socialista", destacan. De Ara además declaró a diferentes medios de comunicación que en la mesa de contratación “estaba todo enfollonado". Comentó que "el pueblo está engañado" y cuestionó “qué tenían que esconder el alcalde Marcos Brito y la edil Sandra Rodríguez”.
Fiscalía Anticorrupción. La dirección de los jóvenes del PSOE pide la actuación de la Fiscalía Anticorrupción "para que desvele si pudiesen existir indicios de que esta concesión, que se realizó con SUFI SA, pudiera estar relacionada con una supuesta trama de corrupción". "Hay muchas cosas que se deben esclarecer, sobre todo por las declaraciones que realiza el concejal De Ara, y teniendo en cuenta que ha estallado un escándalo de corrupción a nivel nacional con la citada empresa, el mayor de toda la historia democrática del país, y que salpica por ahora a cuatro comunidades autónomas y a más de un centenar de personas".
Cabe recordar que la adjudicación del concurso para la explotación en régimen de concesión administrativa de dicho servicio a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sufi SA, fue aprobada con los votos de los ediles de CC, el edil tránsfuga Luís Gómez, (ex edil del PP), que por entonces ya formaba parte del gobierno local del alcalde Marcos Brito, y el edil popular Pedro González. La concejala popular Eva Navarro se ausentó curiosamente de esta sesión plenaria. Y el PSOE optó por votar en contra principalmente por la nula transparencia en el concurso, el pliego de condiciones y debido a que la formación progresista ni siquiera fue incluida en la mesa de contratación.
Las declaraciones del entonces edil de Limpieza. El ex edil de Servicios y Limpieza del gobierno de Brito (CC), José de Ara, durante el mandato 2003 - 2007, en declaraciones a la emisora radiofónica Antena de Canarias el pasado 25 de mayo de 2007, afirmó que "todo se empezó a cocer desde el día que se inició la privatización de Limpieza. Se llama a una empresa de la península para que haga los pliegos de la concesión. En uno de los plenos me entero de que para la elaboración de esos pliegos se han hecho 12 reuniones, en ninguna de las cuales intervine, a pesar de ser el concejal de Servicios, ni mis encargados". De Ara además dijo que el día 2 de agosto se realiza una reunión para el acta de clasificación de la documentación del concurso, "es cuando me llaman para que asista, apenas media hora antes, para conseguir la firma y que todo quede bien. ¿Qué tenían que esconder en las reuniones previas a las que no se me invitó y en las que yo y mis técnicos sí teníamos que estar para decir qué se tenía que hacer? ¿Qué estaban escondiendo Sandra Rodríguez y el propio alcalde?".
En este momento, el edil nacionalista decidió desvincularse del proceso porque "no había transparencia" y querían "usarlo como escudo. A mí no me meten en ese saco. Yo no puedo firmar una cosa en la que no he actuado". "Cuando dimití de la mesa de contratación, en la que nunca me llegué a sentar, pedí el acta, pasadaos dos o tres días, y no me la quisieron dar. Cuando vieron que estaba dispuesto a ir al juzgado para pedirla, me hicieron que la pidiera por escrito. Se la pedí por registro el 7 de agosto. Al día siguiente me avisan por escrito para que me incorporara a la segunda reunión de la mesa de contratación, que en realidad era para los técnicos. Me avisan porque había algunas deficiencias y faltaba algo ¿Qué estaban buscando, la firma mía para cubrirse sus espaldas?".
"Me supongo que se cocinaba algo, pero no sé qué". "Ahora tenemos que pagar a otra empresa, que casualmente es la misma que hizo los pliegos, para que vigile a la concesionaria y comprobar que cumple. Absurdo. Eso está mal. Estoy segurísimo de que algo pasa. Se ocultó el pliego al concejal de Limpieza. No ha existido transparencia. Querían escudarse en mí", dijo De Ara
Caso Gürtel. El presidente de la empresa SUFI SA, Rafael Naranjo, ha sido imputado recientemente por el magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, por un delito de cohecho continuado al constar en el sumario "numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades, por mediación del cerebro de la trama, Francisco Correa, con la intención de obtener contratos públicos para su mercantil". Asimismo, SUFI SA también ha resultado salpicada por la Operación Brugal, que investiga el pago de comisiones en la adjudicación de una planta de gestión de basuras en Orihuela (Alicante).
Esta operación se trata de la mayor trama de corrupción de la historia democrática del país vinculada a un partido político, en la que han estado implicadas un centenar de personas. En junio de este mismo año además, la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF) atribuyó una decena de delitos a otras 20 personas más.
En concreto, las administraciones afectadas por el momento son la Comunidad de Madrid, y los ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Boadilla del Monte; la Comunidad Valenciana; Castilla y León; Galicia; y el gobierno central durante la etapa en la que fue ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.
· JS exige que se esclarezca el proceso de adjudicación del concurso en el servicio de Limpieza realizada por el alcalde Marcos Brito (CC) en 2006
Los jóvenes del PSOE piden que Fiscalía Anticorrupción desvele si hay indicios de supuesta corrupción
La Comisión Ejecutiva Local de Juventudes Socialistas de Puerto de la Cruz pide al actual alcalde del municipio, Marcos Brito (CC), que gobernó durante el anteri
or mandato con el apoyo de un tránsfuga del Partido Popular, "que esclarezca las adjudicación millonaria que realizó el Consistorio portuense a la empresa Sufi, SA, (implicada a nivel nacional en la trama de corrupción del PP en el caso Gürtel), tras la concesión aprobada al citado mercantil el pasado 29 de diciembre de 2006 por el Pleno de la Corporación, y que contó con el voto en contra del Grupo Municipal Socialista". La adjudicación del servicio fue de diez años y un canon anual de 3.098.201 €.Esta petición de los jóvenes del PSOE se realiza tras la reciente imputación al presidente de SUFI SA, Rafael Naranjo, "por un delito de cohecho continuado al constar en el sumario numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades, por mediación del cerebro de la trama, Francisco Correa, con la intención de obtener contratos públicos para su mercantil". En este sentido, la formación progresista pide que se aclaren numerosos aspectos en el proceso de adjudicación con SUFI en la localidad norteña "ya que la persona que estaba al frente de la Concejalía de Limpieza, José de Ara, no estuvo presente en la mesa de contratación de la adjudicación, a pesar de haber sido designado por el Pleno, debido a que renunció a estar en ella al no haber participado en el proceso previo de aprobación del expediente".
Además, las Juventudes Socialistas consideran "muy graves" las declaraciones del ex concejal de Limpieza, José de Ara (CC), sobre el proceso de adjudicación. "El edil aseguró en su día que algo se ocultaba detrás de la concesión administrativa del Servicio Municipal de Limpieza y que se hizo sin transparencia, en cuya mesa de contratación además no se permitió la presencia del Grupo Municipal Socialista", destacan. De Ara además declaró a diferentes medios de comunicación que en la mesa de contratación “estaba todo enfollonado". Comentó que "el pueblo está engañado" y cuestionó “qué tenían que esconder el alcalde Marcos Brito y la edil Sandra Rodríguez”.
Fiscalía Anticorrupción. La dirección de los jóvenes del PSOE pide la actuación de la Fiscalía Anticorrupción "para que desvele si pudiesen existir indicios de que esta concesión, que se realizó con SUFI SA, pudiera estar relacionada con una supuesta trama de corrupción". "Hay muchas cosas que se deben esclarecer, sobre todo por las declaraciones que realiza el concejal De Ara, y teniendo en cuenta que ha estallado un escándalo de corrupción a nivel nacional con la citada empresa, el mayor de toda la historia democrática del país, y que salpica por ahora a cuatro comunidades autónomas y a más de un centenar de personas".
Cabe recordar que la adjudicación del concurso para la explotación en régimen de concesión administrativa de dicho servicio a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sufi SA, fue aprobada con los votos de los ediles de CC, el edil tránsfuga Luís Gómez, (ex edil del PP), que por entonces ya formaba parte del gobierno local del alcalde Marcos Brito, y el edil popular Pedro González. La concejala popular Eva Navarro se ausentó curiosamente de esta sesión plenaria. Y el PSOE optó por votar en contra principalmente por la nula transparencia en el concurso, el pliego de condiciones y debido a que la formación progresista ni siquiera fue incluida en la mesa de contratación.
Las declaraciones del entonces edil de Limpieza. El ex edil de Servicios y Limpieza del gobierno de Brito (CC), José de Ara, durante el mandato 2003 - 2007, en declaraciones a la emisora radiofónica Antena de Canarias el pasado 25 de mayo de 2007, afirmó que "todo se empezó a cocer desde el día que se inició la privatización de Limpieza. Se llama a una empresa de la península para que haga los pliegos de la concesión. En uno de los plenos me entero de que para la elaboración de esos pliegos se han hecho 12 reuniones, en ninguna de las cuales intervine, a pesar de ser el concejal de Servicios, ni mis encargados". De Ara además dijo que el día 2 de agosto se realiza una reunión para el acta de clasificación de la documentación del concurso, "es cuando me llaman para que asista, apenas media hora antes, para conseguir la firma y que todo quede bien. ¿Qué tenían que esconder en las reuniones previas a las que no se me invitó y en las que yo y mis técnicos sí teníamos que estar para decir qué se tenía que hacer? ¿Qué estaban escondiendo Sandra Rodríguez y el propio alcalde?".
En este momento, el edil nacionalista decidió desvincularse del proceso porque "no había transparencia" y querían "usarlo como escudo. A mí no me meten en ese saco. Yo no puedo firmar una cosa en la que no he actuado". "Cuando dimití de la mesa de contratación, en la que nunca me llegué a sentar, pedí el acta, pasadaos dos o tres días, y no me la quisieron dar. Cuando vieron que estaba dispuesto a ir al juzgado para pedirla, me hicieron que la pidiera por escrito. Se la pedí por registro el 7 de agosto. Al día siguiente me avisan por escrito para que me incorporara a la segunda reunión de la mesa de contratación, que en realidad era para los técnicos. Me avisan porque había algunas deficiencias y faltaba algo ¿Qué estaban buscando, la firma mía para cubrirse sus espaldas?".
"Me supongo que se cocinaba algo, pero no sé qué". "Ahora tenemos que pagar a otra empresa, que casualmente es la misma que hizo los pliegos, para que vigile a la concesionaria y comprobar que cumple. Absurdo. Eso está mal. Estoy segurísimo de que algo pasa. Se ocultó el pliego al concejal de Limpieza. No ha existido transparencia. Querían escudarse en mí", dijo De Ara
Caso Gürtel. El presidente de la empresa SUFI SA, Rafael Naranjo, ha sido imputado recientemente por el magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, por un delito de cohecho continuado al constar en el sumario "numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades, por mediación del cerebro de la trama, Francisco Correa, con la intención de obtener contratos públicos para su mercantil". Asimismo, SUFI SA también ha resultado salpicada por la Operación Brugal, que investiga el pago de comisiones en la adjudicación de una planta de gestión de basuras en Orihuela (Alicante).
Esta operación se trata de la mayor trama de corrupción de la historia democrática del país vinculada a un partido político, en la que han estado implicadas un centenar de personas. En junio de este mismo año además, la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF) atribuyó una decena de delitos a otras 20 personas más.
En concreto, las administraciones afectadas por el momento son la Comunidad de Madrid, y los ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Boadilla del Monte; la Comunidad Valenciana; Castilla y León; Galicia; y el gobierno central durante la etapa en la que fue ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.
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