EL GOBIERNO LOCAL DESESTIMA UNA PROPUESTA DE URGENCIA DEL PSC PARA RETIRAR LA ORDENANZA DE CONVIVENCIA
· La oposición socialista plantea que se inicie un proceso participativo con vecinos y colectivos para consensuar un nuevo documento "legal y realista"
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz presentó una propuesta por vía de urgencia, en el pasado Pleno
ordinario celebrado el pasado lunes 26 de abril, para que el Grupo de Gobierno local, que encabeza el alcalde Marcos Brito (CC), retirase la "polémica" ordenanza de convivencia ciudadana aprobada de forma inicial en la sesión plenaria del pasado 22 de febrero de 2010. Esta iniciativa de urgencia fue desestimada por los grupos políticos de CC, PP y el edil no adscrito, Jaime Coello.
Además de la petición de supresión de este reglamento ciudadano, se instaba al Ejecutivo local a que iniciara un nuevo proceso participativo con agentes sociales, económicos, comerciales y turísticos; colectivos, asociaciones, agrupaciones y grupos de diversa índole, así como vecinos y vecinas, con el objetivo de realizar un documento regulador de los espacios públicos y actividades adaptado a la legislación vigente, así como al producto turístico-cultural Puerto de la Cruz (bajo los parámetros de participación e implicación directa de la ciudadanía, sesiones formativas y de opinión con los Consejos Sectoriales y de Barrios).
El edil del PSC y ex concejal portuense de Cultura y Participación ciudadana, Jonay Rodríguez, aseveró que "la participación es el instrumento por el que la ciudadanía, los agentes sociales y los colectivos, influyen directamente en la toma de decisiones de las administraciones, planteándose una reducción de los conflictos y un favorecimiento del consenso. En esta ordenanza de convivencia hemos visto que han primado las imposiciones, lo que ha supuesto una aglomeración de reclamaciones y alegaciones en el Registro Municipal del Ayuntamiento portuense. De ahí - continuó Rodríguez - que solicitemos la retirada de esta ordenanza del S. XIX y se elabore un nuevo documento atendiendo a los criterios de estrategia participativa, con vecinos y colectivos portuenses, adaptado a una ciudad moderna y de excelencia turística como es Puerto de la Cruz".
Rodríguez explicó que "los procesos de participación ciudadana son una demanda social y es responsabilidad de las administraciones públicas llevarlos a cabo. La participación asimismo es un derecho de los ciudadanos que no se limita exclusivamente a participar en los procesos electorales, sino que se extiende a la toma de decisiones y a la gestión directa o participada de servicios, programa y actividades".
"Además la democracia participativa supone un parámetro calificador de la implicación social en la toma de decisiones que afectan a los vecinos, - siguió el edil y vicesecretario general de las Juventudes Socialistas, Jonay Rodríguez - y que se extrapolan a un proceso continuo de responsabilidad y corresponsabilidad entre ciudadanía y administración".
En la parte expositiva de esta iniciativa, desde el PSC hacen referencia al artículo 23.1 de la Constitución Española de 1978, en el que se señala que "los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente (...)". Además, el artículo 9.2 de la Carta Magna dice que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones de libertad y la igualdad del individuo y en los grupos en que se integra sean reales y efectivos; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
La Carta Europea de la Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988, considera que el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos, forma parte de los principios democráticos comunes a todos los Estados miembros del Consejo de Europa.
Cabe señalar también que dentro de las recomendaciones que hacen la OCDE, como el Consejo de Europa, se establece que durante los últimos años se cerciora un auge significativo en la puesta en marcha de nuevos instrumentos de participación , impulsados tanto en el ámbito legislativo, como en el ejecutivo, con medidas encaminadas a revitalizar la implicación ciudadana y fortalecer las propias instituciones. Se enumeran también en estos documentos medidas encaminadas a fomentar la participación ciudadana mediante nuevos y tradicionales instrumentos, como los planes integrales de barrio, los paneles ciudadanos, las nuevas tecnologías, etc.
· La oposición socialista plantea que se inicie un proceso participativo con vecinos y colectivos para consensuar un nuevo documento "legal y realista"
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz presentó una propuesta por vía de urgencia, en el pasado Pleno
ordinario celebrado el pasado lunes 26 de abril, para que el Grupo de Gobierno local, que encabeza el alcalde Marcos Brito (CC), retirase la "polémica" ordenanza de convivencia ciudadana aprobada de forma inicial en la sesión plenaria del pasado 22 de febrero de 2010. Esta iniciativa de urgencia fue desestimada por los grupos políticos de CC, PP y el edil no adscrito, Jaime Coello.Además de la petición de supresión de este reglamento ciudadano, se instaba al Ejecutivo local a que iniciara un nuevo proceso participativo con agentes sociales, económicos, comerciales y turísticos; colectivos, asociaciones, agrupaciones y grupos de diversa índole, así como vecinos y vecinas, con el objetivo de realizar un documento regulador de los espacios públicos y actividades adaptado a la legislación vigente, así como al producto turístico-cultural Puerto de la Cruz (bajo los parámetros de participación e implicación directa de la ciudadanía, sesiones formativas y de opinión con los Consejos Sectoriales y de Barrios).
El edil del PSC y ex concejal portuense de Cultura y Participación ciudadana, Jonay Rodríguez, aseveró que "la participación es el instrumento por el que la ciudadanía, los agentes sociales y los colectivos, influyen directamente en la toma de decisiones de las administraciones, planteándose una reducción de los conflictos y un favorecimiento del consenso. En esta ordenanza de convivencia hemos visto que han primado las imposiciones, lo que ha supuesto una aglomeración de reclamaciones y alegaciones en el Registro Municipal del Ayuntamiento portuense. De ahí - continuó Rodríguez - que solicitemos la retirada de esta ordenanza del S. XIX y se elabore un nuevo documento atendiendo a los criterios de estrategia participativa, con vecinos y colectivos portuenses, adaptado a una ciudad moderna y de excelencia turística como es Puerto de la Cruz".
Rodríguez explicó que "los procesos de participación ciudadana son una demanda social y es responsabilidad de las administraciones públicas llevarlos a cabo. La participación asimismo es un derecho de los ciudadanos que no se limita exclusivamente a participar en los procesos electorales, sino que se extiende a la toma de decisiones y a la gestión directa o participada de servicios, programa y actividades".
"Además la democracia participativa supone un parámetro calificador de la implicación social en la toma de decisiones que afectan a los vecinos, - siguió el edil y vicesecretario general de las Juventudes Socialistas, Jonay Rodríguez - y que se extrapolan a un proceso continuo de responsabilidad y corresponsabilidad entre ciudadanía y administración".
En la parte expositiva de esta iniciativa, desde el PSC hacen referencia al artículo 23.1 de la Constitución Española de 1978, en el que se señala que "los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente (...)". Además, el artículo 9.2 de la Carta Magna dice que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones de libertad y la igualdad del individuo y en los grupos en que se integra sean reales y efectivos; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
La Carta Europea de la Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988, considera que el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos, forma parte de los principios democráticos comunes a todos los Estados miembros del Consejo de Europa.
Cabe señalar también que dentro de las recomendaciones que hacen la OCDE, como el Consejo de Europa, se establece que durante los últimos años se cerciora un auge significativo en la puesta en marcha de nuevos instrumentos de participación , impulsados tanto en el ámbito legislativo, como en el ejecutivo, con medidas encaminadas a revitalizar la implicación ciudadana y fortalecer las propias instituciones. Se enumeran también en estos documentos medidas encaminadas a fomentar la participación ciudadana mediante nuevos y tradicionales instrumentos, como los planes integrales de barrio, los paneles ciudadanos, las nuevas tecnologías, etc.
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